
Con el objetivo de consolidar el equilibrio fiscal, el gobierno del presidente Javier Milei redujo prácticamente a cero el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias durante el primer bimestre del año.
De acuerdo con datos oficiales, hasta el 22 de febrero no se registraron transferencias de ATN a las jurisdicciones provinciales. El dato adquiere relevancia política debido a que durante el período se negociaba la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, instancia en la que históricamente las conversaciones parlamentarias solían coincidir con transferencias de fondos hacia provincias alineadas con el oficialismo.
Una situación similar se había observado en enero, según un informe elaborado por la consultora Politikón Chaco y procesado por la Agencia Noticias Argentinas.
Durante ese mes se distribuyeron apenas $7.000 millones entre dos provincias: Chubut recibió $4.000 millones y Corrientes $3.000 millones.
En paralelo, el fondo total de ATN alcanzó en enero los $92.071 millones, de acuerdo con la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), lo que implicó una ejecución del 7,6%, por debajo del 9,2% registrado en enero de 2025.
Este nivel de subejecución implica que los recursos destinados a asistir a provincias ante emergencias o desequilibrios financieros permanecen en las cuentas del Tesoro Nacional y pasan a integrar el resultado fiscal positivo que mensualmente informa el Ministerio de Economía.
Estrategia fiscal y distribución selectiva
El balance del ejercicio fiscal 2025 reflejó la estrategia adoptada por la Casa Rosada respecto de los recursos provinciales. Según datos de ejecución presupuestaria analizados por Politikón Chaco y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno distribuyó solo el 21,9% del fondo total de ATN, reteniendo un monto récord de $740.536 millones.
El fondo —integrado por una porción de la masa coparticipable y tributos como el Impuesto a las Ganancias— ascendió en 2025 a $948.036 millones, aunque las transferencias efectivas a las provincias totalizaron $207.500 millones.
La asignación de estos recursos discrecionales, diseñados para atender emergencias o desequilibrios financieros, mostró además una marcada concentración temporal. En diciembre, el Poder Ejecutivo transfirió aproximadamente un tercio del total anual ($66.500 millones) en apenas dos semanas, en simultáneo con las negociaciones por el Presupuesto 2026.
Entre las provincias más beneficiadas se ubicó Tucumán, con $35.000 millones, seguida por Misiones, Entre Ríos y Salta, con $19.000 millones cada una, mientras que Chaco y Neuquén recibieron $18.000 millones respectivamente.
En contraste, distritos opositores como La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego no recibieron transferencias, mientras que la provincia de Buenos Aires obtuvo $10.000 millones destinados específicamente a atender la emergencia por inundaciones en Bahía Blanca.
Según los análisis presupuestarios, esta baja ejecución del fondo constituyó una de las principales herramientas utilizadas por el Ministerio de Economía para sostener el superávit financiero que el Gobierno exhibe como eje central de su programa económico.
Si bien la ejecución mejoró respecto del 7,3% registrado en 2024, aún se mantiene muy por debajo de los niveles históricos observados en 2023, cuando se distribuyó cerca del 78% del total disponible.